Ecologistas en Acción califica de injustificada la propuesta del
Ministerio de Vivienda en relación a la compra de suelo a las
inmobiliarias. El objetivo principal del Ministerio debería ser reducir
el precio actual de la vivienda y garantizar la financiación crediticia
del Programa 2008 del Plan de Vivienda 2005-2008. El Gobierno, debería
poner en marcha cuanto antes procedimientos que faciliten la
reconversión de los trabajadores de la construcción. Comprar suelo a
inmobiliarias no tiene relación con estos objetivos.
La propuesta del Ministerio de Vivienda de invertir 300 millones de
euros, que podría incrementarse, a comprar suelo a inmobiliarias no
tiene justificación. Cuando todavía se desconoce la cantidad de suelo
público con que cuentan los municipios no parece lógico lanzarse a
comprar suelo privado, sin fijar, ni siquiera el precio, dejando que se
determine por la oferta que hagan los vendedores.
Las inmobiliarias ahora necesitan liquidez pero llevan años acaparando
suelo y construyendo más viviendas de las que se necesitan. Los
beneficios han sobrepasado la media de cualquier otra inversión. La
destrucción del territorio vinculada al exagerado ritmo de construcción
no tiene precedentes. Por otro lado, no cabe duda de que los excesos del
sector inmobiliario son parte de la causa de la crisis económica. En
estas circunstancias no existe justificación para comprar suelo, en
lugar de centrar los esfuerzos en reducir el precio de la vivienda a
niveles asequibles para la mayoría de los ciudadanos y asegurar la
financiación del programa 2008 del Plan de Vivienda 2005-2008, algo que
no está claro.
En los últimos años se han construido muchas más viviendas de las
necesarias, actualmente el número de viviendas acabadas y en promoción
se calculan entre 800.000 y 1,2 millones que si se suman las de segunda
mano suben a 1,6 - 2,7 millones. Esto supone una sobreoferta para cubrir
las necesidades de cuatro años sin poner un ladrillo (al ritmo actual de
unas 400.000 viviendas anuales). A esto habría que añadir las viviendas
que se han comprado por inversión, alrededor del 40%, y que saldrán al
mercado y las viviendas que finalicen en 2008 (iniciadas entre la
segunda mitad de 2006 y la primera de 2007) que se calculan en otras
700.000.
A pesar de esta situación, el precio de la vivienda sigue siendo
inaccesible para buena parte de la población y un problema para las
familias que se han embarcado en una hipoteca que deberán estar pagando
durante buena parte de su vida. Todo ello por la sobrevaloración de la
vivienda (entre un 20% y un 30% según la OCDE y FMI), consecuencia de la
burbuja inmobiliaria que ha permitido hacer fortunas millonarias en
pocos años.
En este contexto ni el Gobierno, ni el Ministerio de Vivienda hablan de
la necesidad y obligación de reducir el precio de la vivienda. A pesar
del frenazo inmobiliario, los precios de la vivienda, en el Estado
español, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de
Vivienda ha sido de un 3%. Una bajada muy escasa. Actualmente, hace
falta los ingresos de siete años para acceder a una vivienda media. Para
volver a la normalidad (cuatro años), los precios deberían caer un 42%.
Es ahí donde debería estar el reto del Ministerio, no en comprar suelo
privado.