La realidad colombiana, muy distinta de la que nos presentan los grandes
medios de comunicación
(La mentiras se adecúan a lo que al sistema le interesa, RQR)
Aporrea
En el último año, el conflicto colombiano ha recorrido el mundo entero a
través de las páginas de los más importantes diarios del planeta.
El canje humanitario y la liberación de la ex candidata presidencial
Ingrid Betancourt, como símbolo de los rehenes en manos de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ha movido a millones de
personas a clamar la libertad de todos los secuestrados y a exigir la
desarticulación de la guerrilla.
Pero, el conflicto colombiano no genera sufrimiento de un solo lado, la
realidad tiene dos caras. Frente a los más de 700 rehenes en manos de
las Farc se encuentran los 7.200 presos políticos del Estado, quienes
enfrentan cargos por "rebelión o conexos".
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos colombianos (Cspp),
defensor de los derechos humanos y en permanente alerta sobre la
situación que viven estos detenidos, afirma que las violaciones a las
garantías de los reclusos son constantes por parte del Estado.
"Aun cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
dice que en las cárceles no hay distinción de presos, que todos son
iguales y se envían a cualquier penal, en la práctica la diferencia de
trato que recibe el preso político, del reo social y del paramilitar sí
existe", indicó Carolina Rubio, representante del Cspp en Santander en
conversación con Últimas Noticias. Para Rubio, la política del Inpec es
sólo parte de la estrategia gubernamental para desconocer el conflicto
armado que vive Colombia.
Delito: ser campesino. El Cspp divide la población penal que atiende en
dos grupos: aquellos que forman parte de la insurgencia armada y los que
dentro de la vida civil hacen oposición al Estado en la búsqueda de un
cambio social.
Los primeros (de la Insurgencia Armada) representan unos 1.500 detenidos y los segundos, entre los
que se encuentran estudiantes, sindicalistas, defensores de los derechos
humanos, familiares de los miembros de la guerrilla, madres y
campesinos, suman los 5.700 presos políticos restantes. Y dentro de este
grupo, la mayoría son campesinos.
"El campesino está preso porque la insurgencia habita en su zona. Milite
o no milite, piense igual o no, está preso. Llega a estar en las cárceles", afirma Rubio.
Según explica, tras la decisión del Gobierno de generar un movimiento
nacional de informantes contra la guerrilla, con un sistema de
recompensa, se han producido casos de acusaciones falsas sobre
campesinos basadas en diferencias vecinales y en odios personales.
Además, comentó Rubio, los jueces no piden pruebas de las acusaciones
para condenar al denunciado. Sólo les basta con su apreciación subjetiva
sobre la veracidad del hecho y la confiabilidad del testimonio de al
menos dos personas.
Sistema penal. Como parte de su política penitenciaria, el Estado
colombiano estableció acuerdos con Estados Unidos y el Buró Federal de
Prisiones y creó un conjunto de centros de alta seguridad que funcionan
a imagen y semejanza de las cárceles estadounidenses.
Al respecto, el Cspp manifiesta que este modelo carcelario aniquila al
ser humano y dentro de él se vulneran los derechos humanos de los reos.
Todos los presos políticos son enviados a estas prisiones de máxima
seguridad. Condenados o sindicados, todos corren la misma suerte.
El Código Penal de Colombia (CPC) contempló hasta el 2005 una pena de
seis a nueve años por rebelión, la cual podía ser reducida por buen
comportamiento a tres años. En 2006, la condena se incrementó de nueve a
doce años.
Según cifras del Cspp, la mitad de los detenidos por rebelión están sólo
sindicados por la comisión de este delito. No obstante, debido a los
retrasos en el sistema judicial, pueden llegar a purgar hasta tres años
y luego ser dejados en libertad.
"En una familia detuvieron a mamá y papá, dejaron a sus dos niños
volando y fueron absueltos 15 días antes de cumplir tres años", dijo
Carolina Rubio. "Y esto es muy normal.
Con los campesinos es normal, con la gente de los movimientos sociales
esto es normal", agregó.
Aún cuando el CPC define al rebelde como la persona que bajo las armas
hace oposición al Estado, los civiles que se oponen y buscan un cambio
social esgrimiendo sus ideas, suman casi 80% de los presos políticos de
Colombia.
Alejamiento familiar.
Las cárceles se encuentran lejos de los pueblos de origen de los
reclusos, donde viven sus familias.
Discrecionalidad
. El acceso a las actividades que permiten reducción de pena como
lectura, escuelas y talleres, son administrados a juicio de la prisión.
Restricciones
. Sólo esta permitida la visita de dos familiares cada 15 días por
cuatro horas y la visita íntima es cada 45 días por 45 min.
Tráfico
. El desplazamiento por la prisión se hace esposado.
AMENAZAS A LAS ONG
Luego de la marcha del pasado seis de marzo contra el terrorismo de
Estado en Colombia, todas las organizaciones no gubernamentales
asociadas a la coordinación del Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado, han visto incrementarse las amenazas de los grupos
paramilitares contra ellas.
Para el Cspp, estas acciones en contra de las ONG se ligan a las
investigaciones y judicializaciones que les sigue el Estado por la
actividad que cumplen.