Mientras las restricciones de agua se vuelven frecuentes, la
contaminación de la misma se repite por diferentes vías fluviales y
zonas de Andalucía y la explotación de acuíferos se consiente con el fin
de soportar nuevas urbanizaciones y viviendas que sacien la especulación
urbanística.
G.A.S. En la Costa del Sol, el decreto de sequía pretende extenderse del valle
del Guadalhorce y Málaga capital, a la comarca de Axarquía, donde las
instituciones piden obras de emergencia para captación de aguas
subterráneas para abastecer a todas las viviendas debido a la fiebre
constructora que se da en esa zona de la Costa del Sol. Además, dicho
decreto pretende incluir también la zona del levante almeriense, donde,
paradójicamente, se construye la desaladora de Carboneras, que
transportará agua a Barcelona.
Esta situación, en la que los acuíferos están sobreexplotados, y la
sequía llega cada cierto tiempo, sino es permanente, es debida a la
arrolladora construcción de viviendas y al derroche del agua con campos
de golf y complejos residenciales y hoteleros de lujo, que se repiten en
toda la costa andaluza y algunos parajes como el Parque de Grazalema.
Además, como es el caso del río Castril, las administraciones fomentan
trasvases de agua y reconducciones de ríos con el fin de soportar dicha
carga poblacional, sin pensar en las consecuencias del cambio tras
drástico que produce en la flora y fauna. Precisamente, en dicho río, se
pretendía hacer un trasvase a la cuenca de Baza que finalmente está
siendo estudiado por el Ministerio de Medio Ambiente gracias las
protestas sociales y ecologistas y su presión, que ha puesto en tela de
juicio la actuación de la Junta y la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y paralizar una actuación que hubiera costado la
degradación de un paisaje como es el cauce del río Castril y las
personas que viven en y de él. Fruto de ese trasvase sería un proyecto
para la construcción del complejo residencial y hotelero y de un campo
de golf en el municipio de Zújar que supondría una inversión de 228
millones de euros.
En las costas, la situación, grave, está intentado ser encubierta por
las autoridades cuando más lo necesitan: en el comienzo del verano,
haciendo otorgar por empresas turísticas las banderas azules y cientos
de playas con el simple objetivo de hacer acrecentar el turismo. Sin
embargo, Ecologistas en Acción ha redactado un detallado informe sobre
los problemas ecológicos y de contaminación que sufren esas playas y
aguas, que se puede ver en su página oficial, desde este enlace, con la
noticia sobre las banderas negras de GAS: aquí.
A estos datos aportados por Ecologistas en Acción, se contrapone un
informe creado por la Junta en el que afirma que aumentan el número de
playas andaluzas que se encuentran en perfectas condiciones
higiénico-sanitarias. El informe recoge que el cien por cien de las
aguas de baño se encuentra en unas condiciones sanitarias aptas para el
baño. El informe concluye que el 99 por ciento de los puntos de muestreo
registraron una calidad del agua muy buena o buena.
Sin embargo, en Andalucía destaca el problema del Guadalquivir,
especialmente su desembocadura, donde se están sufriendo exceso de
turbidez en sus aguas.
De este modo, ya la compañía Piscícola de Trebujena S. A. (Pistresa)
inició una investigación hace varias semanas para aclarar por qué hacía
aguas turbias en la desembocadura del Guadalquivir desde hace más de
seis meses. Apunta a que se debe al desembalse de la presa de Alcalá del
Río durante mediados de Noviembre. Esta medida, que se hace de manera
cíclica por las altas lluvias, provocó la aparición de cinco millones de
toneladas de fango. Esta turbidez fue denunciada por los ecologistas, y
se puede ver una noticia aquí.
Precisamente, en el Guadalquivir, los arroceros denunciaron, a
principios del mes de junio, dragados ilegales. La Federación de
Arroceros de Sevilla anunció que demandará a la Demarcación de Costas y
al Puerto de Sevilla por provocar la salinidad y el lodo del agua del
río, debido a los dragados realizados entre Sevilla y Sanlúcar. La draga
se estaría llevando arena hacia las playas de Málaga, ante lo cual los
arroceros han iniciado una investigación para saber su impacto ambiental
y cuantos metros cúbicos se han llevado. Sin embargo, tanto la Autoridad
Portuaria como la Demarcación de Costas, responsables del Guadalquivir
entre Alcalá del Río y la desembocadura, negaron los hechos. Sin
embargo, el punto que más afecta a los arroceros es la salinidad actual
(5 gramos de sal por litro), cuando para el cultivo no puede pasar de
0,4 a 0,6 gramos de sal por litro. Esto, unido a la rapidez con que
corren las aguas, está provocando que en el río mueran peces y los
agricultores no puedan tomar aguas ni estancarlas para sus cultivos. Las
voces de los arroceros apuntan más que nunca a las reformas que se está
haciendo en el Puerto de Sevilla. A estas críticas se han unido la
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla (ASAJA-Sevilla) y la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía
(COAG-A).
Ante estas protestas, las distintas entidades con competencias en el río
Guadalquivir constituyeron ayer una mesa de seguimiento, asesorada por
expertos y regantes, para estudiar las causas de la turbidez y salinidad
de sus aguas. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, buscó una solución con un desembalse de 50.000 litros por
segundo desde la presa de Alcalá del Río para reducir la salinidad del
río. De esta forma, consigue serenar las críticas y restarle importancia
a las reformas del Puerto de Sevilla, con lo que el problema podrá
repetirse en el futuro al no atajar las causas y sólo poner un parche.
Sin embargo, la Junta también comenzó investigaciones sobre la turbidez
de las aguas, y ha descartado que se trate de vertidos contaminantes y
la achaca a las altas lluvias.
Otro delito relacionado con el Guadalquivir se da en un afluente; así,
la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha presentado una denuncia
contra el alcalde de Guillena (Justo Padilla, PSOE) por un presunto
delito ecológico: por los vertidos de aguas residuales al río Rivera de
Huelva, donde a finales del año pasado se produjo una mortandad de
peces. Esta situación, denunciada ya en diciembre del 2007 por
Ecologistas en Acción señalando al ejecutivo de Guillena como
responsable del mismo, ha sido, pues, asumida por la junta, que habla de
un vertedero ilegal junto al cauce del río. El alcalde se ha desmarcando
afirmando la falta de una depuradora, sin asumir ninguna irregularidad.
Denuncia de Ecologistas aquí.
Ante estos problemas en el Guadalquivir y Doñana, directamente
relacionado con lo que ocurra en el río Betis, Ecologistas en Acción
exige que se reúna el órgano de participación del Espacio Natural de
Doñana para tratar estos asuntos. Asimismo denuncia la parálisis de su
actuación, ya que este órgano no cumple con su función de control
social; de este modo, proyectos altamente impactantes como la Variante
del Rocío o la ubicación de nuevas explotaciones agrarias en el entorno
del espacio protegido se consolidan sin pasar por el filtro de la
participación social. Esta situación es ilegal, ya que incumple la ley
de Doñana, por lo que será denunciada.
Pero el Guadalquivir y sus marismas no son los únicos espacios
contaminados o amenazados, sino que, según colectivos ecologistas como
Ecologistas en Acción de Málaga, la Red Andaluza de la Nueva Cultura del
Agua y La Nueva Cultura del Territorio consideran que las Áreas
Importantes para las Aves (IBAs) no están lo suficientemente protegidas
y necesitan de más medidas que evite su degradación. Las Zonas de
especial protección para aves (ZEPAs) altamente degradadas son: la duna
del Morche en Torrox que fue aplanada por una escavadora; el Karst de la
Utrera, un torcal, valioso tanto ecológico como paisajísticamente, que
está siendo destruido por las canteras y amenazan con afectar al Canuto
de la Utrera; el río Campanillas enterrado por las obras de la carretera
C-3310 a su paso por Casasola, hecho que se encuentra en proceso
judicial; o el arroyo Cauche que está siendo alterado su cauce por la
empresa Sacyr y utilizando sus aguas a pesar del Decreto de Sequía. Por
su parte, los Lugares de Interés Comunitario (LICs) fluviales también
están amenazados, como son el caso del río Guadalmedina, que fue
arrasado por excavadoras en una actuación de limpieza que afectó también
al Parque Natural Montes de Málaga; el río Verde amenazado por el
proyecto de recrecimiento de la presa de La Concepción; El río Guadaiza
amenazado por el Plan Guadaiza (PGOU de Marbella), por un encauzamiento
y por actuaciones de limpieza agresivas; el trasvase en la Aljaima que
afectará al río Guadalhorce; o LIC del Valle del Genal y Sierra Bermeja
amenazado por el proyecto de la autopista entre Ronda y la costa.
Por otro lado, Ecologistas en Acción denunció la contaminación que sufre
la Bahía de Cádiz por parte de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) “Las Galeras” del Puerto de Santa María, dirigido por
la empresa APEMSA. Esta depuradora vertería aguas sin tratamiento a la
bahía, lo que ha sido desmentido por la empresa. De hecho todos los
análisis, tanto oficiales, como de los ecologistas demuestran esa
contaminación, estando sólo una de las 18 analíticas realizadas en buen
estado. Esta depuradora, la que peor funciona en el litoral de la
provincia, infringe así la ley y las cifras correspondientes a la
calidad del agua que puede verterse, multiplicando tres y cuatro veces
lo permitido en contaminación orgánica. Precisamente en esta zona se han
ofrecido diversas banderas azules que demuestran, una vez más, la farsa
de dichos “galardones”.
De este modo, los juzgados dieron a finales de mayo la razón a los
ecologistas. Así, la sentencia judicial fue contundente y no dejaba
lugar a dudas: los ecologistas tenían razón y APEMSA había mentido y
engañado a los ciudadanos. La sentencia del Juzgado nº 1 de Cádiz
absolvió a los miembros de Ecologistas en Acción que habían sido
acusados del delito de injurias por APEMSA. De este modo, queda patente
que la depuradora, en sus 25 años de existencia, nunca ha mantenido los
niveles mínimos en cuanto a la depuración de aguas exigidos por ley,
tras lo cual Ecologistas en Acción va a solicitar al Alcalde, como
máximo responsable de esta empresa municipal, una reunión para tratar
sobre el funcionamiento de la depuradora y para que se tomen medidas
para que deje ser la peor depurador del litoral gaditano.