La Administración central ha dado la espalda a los antiguos trabajadores
de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), en Jaén, con dos resoluciones
en las que se echa por tierra la aspiración de estos empleados para que
se consideren como enfermedad profesional las patologías que padecen y
que entienden que están asociadas a su exposición al uranio durante 22
años. De los 126 trabajadores que tenía la planta, 55 ya han fallecido.
Pese a que el Congreso aprobó en su día por mayoría dar su apoyo y el
entonces ministro de Trabajo Jesús Caldera dijera que "Desde una
perspectiva política, no habrá, y me comprometo a ello, ningún problema
en reconocer la gravedad de los hechos y en buscar una solución", todo
quedó en nada.
En septiembre de 2005, todos los grupos parlamentarios apoyaron una
iniciativa en el Congreso para que se diera respuesta a las pretensiones
de estos empleados. El entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera,
llegó a afirmar en el Parlamento: "Desde una perspectiva política, no
habrá, y me comprometo a ello, ningún problema en reconocer la gravedad
de los hechos y en buscar una solución".
Pero tres años después, nadie parece acordarse de esas palabras ni de
esas intenciones. Así, el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), dependiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación -aunque lo firma la titular del Ministerio de
Educación, Mercedes Cabrera- desestima, por haber prescrito, la
reclamación patrimonial de la asociación de ex trabajadores y viudas de
la FUA, por la que pedían al Estado una indemnización de 12 millones de
euros.
Por otro lado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha remitido a los
79 afectados una resolución en la que concluye que las patologías de los
trabajadores "no tienen su origen en la contingencia de enfermedad
profesional", una medida que habría revalorizado las pensiones tanto de
antiguos empleados como de las viudas. Algo que sólo consiguió José
Rodrigo Expósito porque en su informe médico sí se reconocía una
relación causa- efecto entre su enfermedad y la exposición al uranio.
La Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) estuvo abierta entre 1959 y 1981,
gestionada por la extinta Junta de Energía Nuclear. Trataba mineral de
uranio para la obtención de concentrado de óxido de uranio con una
pureza del 80% al 90%, que, posteriormente, se transportaba a Francia o
Estados Unidos.
La asociación de ex trabajadores y viudas, que reúne a 36 antiguos
empleados y 43 viudas e hijos de fallecidos, se reunió ayer para valorar
las dos resoluciones recibidas y el sentimiento de frustración y
decepción fue generalizado. "Otra vez nos ha vuelto a engañar el
Gobierno, antes de las elecciones nos prometieron que todo se resolvería
y ahora nos dan la espalda", comentaba un desolado José Soto, presidente
de la asociación de antiguos empleados. Soto recordó que desde el año
1995, los trabajadores se han sometido a cuatro reconocimientos médicos
para acreditar la relación causa efecto entre sus enfermedades y su
exposición al uranio, el último de ellos el año pasado, tras el
protocolo firmado por el Ministerio de Trabajo y la Junta de Andalucía
que intentaba hacer efectivo el mandato del Congreso de 2005. El
protocolo en cuestión era similar al firmado en la Comunidad Valenciana
en el caso de la hepatitis C.
Pese al compromiso verbal de Caldera en 2005, el ministro señaló en
diciembre pasado que los informes realizados por médicos de la Junta de
Andalucía determinaron que no había "relación causa-efecto" entre sus
enfermedades y la exposición al uranio. "Las decisiones no las toma el
ministro, sino los médicos", enfatizó entonces Caldera. No obstante, el
ministerio encargó nuevos informes médicos al hospital Gregorio Marañón
y al Ciemat, que se han conocido ahora.