La bonanza no fue igual para todos y la crisis tampoco. Las redadas de
la policía en los puntos informales de captación de mano de obra y la
clandestinidad dejan a los trabajadores sin papeles en el desamparo.
D.S.P
Diagonal
Meses antes de que la crisis resultara evidente, encontrar trabajo en la
construcción madrileña sin tener papeles ya era difícil, o al menos
arriesgado. Desde septiembre, las plazas donde decenas de furgonetas
llevaban a los tajos a miles de inmigrantes irregulares se empezaron a
llenar de otras furgonetas, las de la Policía Nacional.
El dispositivo forma parte de un plan organizado por la delegación del
Gobierno en Madrid a petición de CC OO. El objetivo declarado es acabar
con las situaciones de “auténtica esclavitud” que se estaban dando en
las subcontratas especializadas en recoger mano de obra sin papeles, en
palabras de Gerardo de Gracia, responsable de Construcción de CC OO
Madrid.
Según este sindicalista, las jornadas de hasta 12 horas, los sueldos un
tercio inferiores y la mayor siniestralidad laboral podían afectar a
unos 25.000 trabajadores inmigrantes sin papeles reclutados de madrugada
en las principales plazas de entrada a Madrid: Plaza Elíptica y Méndez
Álvaro en el sur, Atocha en el centro y Plaza de Castilla en el norte.
Inspecciones policiales
Valentín Cárcamo, de CGT, opina que la vía policial “no solucionará
nada”. Para este sindicalista, este mercado laboral informal es la única
manera que tienen muchas personas para ganarse la vida. “Y además, con
la crisis, los primeros que se van a quedar en el aire son los sin
papeles”, asegura. Incluso en el caso de las personas con permiso de
trabajo, la crisis puede tener un efecto devastador. “Según se acaben
los contratos, estas personas también podrían quedarse en el aire”,
recalca, y recuerda al respecto el mensaje lanzado por Zapatero en el
debate de investidura (ver cuadro).
“Los empresarios han abusado cuando el sector estaba en auge y abusan
ahora con la crisis”, sentencia De Gracia, en referencia a que los
primeros despidos se están centrando en aquellos con menos período
cotizado o que ni siquiera tenían contrato. Y al tiempo que se destruye
empleo, el que sobrevive se degrada. “Hay una gran presión en los
niveles inferiores de subcontratistas para que sus empleados inmigrantes
se den de alta como autónomos para seguir ejerciendo labores de
peonaje”, advierte.
“Antes no pedían tantos papeles, ahora hasta los peones lo tienen
difícil”, comenta un oficial soldador en paro, uno de los diez alumnos,
todos extranjeros, que acuden una tarde de miércoles al curso de
albañilería impartido en la sede de la Coordinadora de Inmigrantes (COIN),
en Vallecas. Como él, cerca de 90.000 inmigrantes trabajaron en las
obras madrileñas en los años del ‘boom’, en realidad hasta hace apenas
unos meses, según CC OO.
Hoy este boliviano de 40 años, sin papeles, confía para encontrar
trabajo en el boca a boca y en las redes de contactos de quienes no
tienen existencia oficial en este país. Pero a pesar de que los demás
sectores siguen creando empleo en la región –la industria, a duras
penas, mientras los servicios no dan muestra de agotamiento–, los datos
del paro muestran que de momento no es el suficiente para absorber ni a
los parados de la construcción ni a las crecientes demandas de trabajo.
“Creemos que el colofón a este proceso van a ser las expulsiones y los
centros de internamiento”, asegura Cárcamo. Por eso el énfasis de CGT,
asegura, no es tanto la reivindicación puramente laboral, sino la misma
cuestión de la ciudadanía. CC OO y UGT, por su parte, ya negocian con el
Gobierno y las patronales el plan de choque que deberá contener la
hemorragia del sector en todo el Estado. Estos sindicatos calculan que
un adelanto de la edad de jubilación a los 60 años y la eliminación de
las horas extras bastarían para mantener los actuales puestos de
trabajo. Conscientes de que otras regulaciones son violadas de forma
sistemática por los constructores, estas centrales piden también más
inversión en vivienda protegida y en infraestructuras, en consonancia
con algunas peticiones patronales.
INMIGRANTES, ECONOMÍA Y EMPLEO: UNA RELACIÓN INTERESADA
Dos de cada diez, sin contrato
Cerca de 600.000 trabajadores extranjeros no cuentan con contrato de
trabajo, según un informe del Grupo de Estudios de Tendencias Sociales
de la UNED. La cifra, extrapolada de una encuesta a 2.300 personas,
supondría que en el Estado español dos de cada diez asalariados
extranjeros trabaja sin contrato. El informe Las condiciones laborales
de los trabajadores inmigrantes en España fue elaborado después del
proceso de regularización masiva de 2005, por el que unas 570.000
personas consiguieron sus papeles. Desde entonces han seguido llegando
migrantes en situación irregular, pero los autores del estudio
consideran que los empresarios mantuvieron sin contrato a una buena
parte de los ya regularizados. Así, con una economía sumergida que
representa alrededor de un cuarto del PIB, y una estimación de más de un
millón de sin papeles según CCOO (400.000 según el Gobierno) la
situación es muy parecida a la existente antes del proceso de
regularización. Pese a ello, ni en la campaña electoral ni en el
discurso de investidura se ha hecho referencia a un nuevo proceso. Los
contingentes y la clandestinidad seguirán siendo la vía de entrada.
La gran empresa quiere más
La Fundación Empresa y Sociedad, en cuyo patronato se encuentran
representantes de multinacionales como BBVA, Ford, Inditex, Repsol y
Telefónica, estima en un reciente informe que la expansión económica y
el parón demográfico por la baja natalidad harán necesaria la
incorporación de al menos dos millones de trabajadores extranjeros hasta
2020, unos 150.000 al año. Los autores, conscientes del parón coyuntural
de la construcción, fijan con claridad el destino preferente de esta
mano de obra: la hostelería, el servicio doméstico, el comercio o la
atención a las personas dependientes. De hecho, en caso de que no
hubiera una desaceleración económica severa, el estudio eleva la cifra
de mano de obra requerida hasta los nueve millones de personas. A la
presentación del informe asistieron representantes del ala más
reformista o pragmática de la derecha política y económica española,
como el ex ministro de Trabajo del PP, Manuel Pimentel, o el ex rector
de la Universidad Complutense, Rafael Puyol.