Dar pensiones que superen el umbral de la pobreza permitiría salir de la
exclusión a la mitad de las personas sin recursos en España. Lo dicen
Arrels, FATEC, CCOO y Cáritas, que dan ideas a los políticos para luchar
contra la pobreza.
Ariadna Gálvez
Canal Solidario
La fundación Arrels, la Federación de Asociaciones de Gente Mayor de
Cataluña (FATEC), Càritas Diocesana de Barcelona y el sindicato
Comisiones Obreras denuncian que del 20% de población que vive en un
contexto de pobreza en España, la mitad sufre pobreza estructural,
situación determinada por la asignación de ingresos públicos por debajo
del umbral de la pobreza. Es decir, que, tal y como explica Josep Maria
Batús, director de programas sociales de Cáritas Barcelona, la situación
de pobreza de un 10% de la población española "está ligada,
directamente, a la decisión de las administraciones".
Para poder sacar a este 10% de la situación de necesidad en la que
viven, estas cuatro entidades han propuesto cinco medidas concretas para
que los partidos políticos las incluyan en sus programas electorales.
La primera de ellas es adoptar para el conjunto del Estado el concepto
de Umbral de la pobreza, marcado por la Unión Europea en el 60% de la
renta media de un país, como nivel mínimo para las prestaciones
económicas que tengan carácter de pensión pública. En España esto se
traduciría en unas pensiones de como mínimo 6.860€ anuales.
Según las organizaciones, esta es una de las medidas más importantes ya
que las pensiones son las principales ayudas públicas que reciben las
personas que sufren pobreza estructural. Hacer realidad esta medida
implicaría una inversión inferior al 1% de los presupuestos del Estado,
señala Batús. Por su parte, Cristina Faciaben, responsable de políticas
de integración de CCOO, ha hecho especial hincapié en el hecho de
complementar las pensiones en vez de incrementarlas, pues las subidas de
tantos por ciento benefician mucho más a las personas con pensiones
altas que a las personas con pensiones bajas.
La segunda propuesta de estas entidades es garantizar que todas las
personas con discapacidad puedan complementar sus ingresos con
financiamiento público, hasta llegar al umbral de la pobreza.
Actualmente sólo Cataluña tiene reconocido este baremo, con el llamado
Indicador de Renda de Suficiència. Faciaben explica que este indicador
debe revalorizarse periódicamente, pues ahora sólo se tiene en cuenta el
IPC previsto y lo deseable sería que se midiera a partir de IPC
previsto, el real y el IPC de renta baja.
Facilitar el acceso a viviendas de alquiler a las personas que lo
necesiten y promover los recursos residenciales para menores de 65 que
estén viviendo en condiciones indignas son dos más de las propuestas
hechas. Según Ramón Noró, responsable de comunicación de la fundación
Arrels, dentro de estas propuestas también debe tenerse en cuenta a las
personas que viven realquiladas, pues actualmente no pueden acceder a
las ayudas al no poder declarar gastos de vivienda.
La última propuesta que Arrels, FATEC, CCOO y Cáritas Diocesana
Barcelona piden que los partidos incluyan en sus programas electorales
hace referencia a la situación fiscal de los pensionistas. Enric Ollé,
portavoz de FATEC, comenta que los pensionistas son concientes que deben
contribuir al funcionamiento del Estado a través de los impuestos, pero
pide que aquellas personas que cobran una pensión más baja puedan
obtener ventajas fiscales.