Mientras EE UU y la UE multiplican sus sanciones a la Junta Militar, las empresas petroleras que financian el régimen mantienen intactos sus negocios.

Giovanni Vegezzi
Diagonal

El 3 de octubre la UE aplicó nuevas sanciones comerciales al régimen birmano. Las medidas afectan al comercio de madera, gemas y metales, aunque, curiosamente, no a las exportaciones de gas y el petróleo. En este campo operan grandes empresas europeas, sobre todo Total. El gigante francés ha demostrado una vez más su influencia en las decisiones del Gobierno de París y en consecuencia en los asuntos europeos.

De hecho, la petrolera tiene un juicio pendiente en un tribunal de Bélgica por la utilización de trabajo esclavo en las obras de prospección del yacimiento de gas de Yadana, en el sur de Birmania, así como en la construcción del gasoducto en dirección a Tailandia.

Los contactos entre la multinacional francesa y los militares empiezan en 1988, cuando se decide explorar un yacimiento de gas y realizar un conducto para su comercialización. Se crea un consorcio formado por Total, Unocal (compañía californiana luego comprada por Chevron), la tailandesa PTT-EP y la petrolera estatal birmana. Según declaran los refugiados birmanos en Bélgica, durante la construcción del gasoducto, las empresas del consorcio aprovecharon el trabajo forzado, impuesto a la población por la Junta Militar. En 2004 Unocal, acusada del mismo delito por prófugos birmanos en Estados Unidos, admitió su culpa e indemnizó a las víctimas. Ahora es el turno de Total, pero la empresa francesa tiene defensores de excepción. El actual ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner, fundador de Médicos sin Fronteras, redactó en 2003 un dossier que defendía a Total y justificaba la presencia de la empresa en el país. La excusa era sencilla: si la firma francesa no aprovechaba la oportunidad, otros hubieran podido tomar su lugar. Todo sin mencionar las violaciones de derechos humanos. Como tampoco que los ingresos que percibe la Junta Militar por la explotación del yacimiento de Yadana, asciende a 450 millones de euros al año, el 7% de la financiación del régimen birmano.

Hay todavía más ventajas que el gasoducto proporciona a la Junta Militar: el régimen aprovecha las obras para intensificar la represión contra la guerrilla Karens, cercana al yacimiento y, según el Observatorio de Drogas de París, el gasoducto también sirve para blanquear dinero del tráfico de heroína. También India y China tiene intereses en el área. El 23 de septiembre, cuando miles de manifestantes protestaban en Rangún, el ministro indio de Petróleo visitó Birmania para firmar acuerdos entre la petrolera pública india y su homóloga birmana con una inversión de 150 millones de dólares en exploraciones de gas en el país. Mientras, China está interesada en un gasoducto que atraviese Birmania, para evitar el paso por el Estrecho de Malaka, una ruta larga y poco segura.