Diversas organizaciones de Pamplona-Iruñea se están movilizando para denunciar la “brutalidad municipal”. Citan como último caso de abuso la muerte, en agosto, de una mujer de 52 años tras recibir un porrazo por parte de la Policía Municipal.
María Antonia Amador, de 52 años, enferma del riñón, murió el 5 de agosto en un hospital de Pamplona tras, según denuncian sus familiares, ser golpeada por agentes de la Policía Municipal de dicha ciudad. Este caso se suma a la larga lista de agresiones protagonizadas en los últimos tiempos por este cuerpo tanto en sus actuaciones en las calles como contra participantes en fiestas populares y actos públicos. Por ello diversos colectivos de la ciudad pretenden presentar una moción en el Ayuntamiento e impulsar una reforma del modelo de Policía Municipal y la destitución de su actual responsable, Simón Santamaría.
Miguel Ángel Jiménez, el hijo de María Antonia Amador, relató en una rueda de prensa cómo, en la noche del 28 de julio, volviendo de una fiesta de petición de mano, se encontraron, bajo la casa de un familiar, varios coches de la Policía Municipal y a algunos de los chicos de su barrio detenidos. A uno de ellos, un agente, cuenta Jiménez, “le estaba pisando la cabeza y dándole patadas”. Su padre, un hombre mayor que anda ayudado por un bastón, se acercó y, tras llamar la atención a los policías, “recibió un porrazo en la cabeza”. Tanto Miguel Ángel, que tiene parte del cuerpo paralizado, como su mujer, con su hija de 15 meses en brazos, y su madre, María Antonia, se acercaron. Recuerda cómo al meterse en medio recibió “porrazos y una patada en la boca”. Según su relato, intentó avisarles de que su madre estaba enferma: “Les grité varias veces que no le pegasen, que estaba trasplantada del riñón, pero siguieron...”.
Se lo llevaron detenido. Al día siguiente, al salir de comisaría, se enteró de que su madre estaba ingresada muy grave en la UCI de un hospital. Fallecería días después. Desde la Policía Municipal un portavoz se limitó, días después del incidente, a afirmar en la prensa local que los agentes intentaron mediar en una pelea entre vecinos y que fueron agredidos por éstos. No admiten que hubiera golpes, aunque sí cuatro detenidos, entre ellos Miguel Ángel Jiménez y su padre.
Diversos colectivos sociales integrados en la plataforma Iruñea Gu Geu! han apoyado a la familia de Amador para denunciar que “debido al momento vacacional en que sucedieron los hechos, el silencio de la Administración y el poco reflejo en los medios de comunicación, la trágica muerte de Mª Antonia Amador y sus circunstancias no son conocidas por la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Iruñea”. La familia de Amador está esperando aún “una palabra de consuelo por parte de cualquier responsable político”.
El 7 de septiembre, Miguel Ángel Jiménez participaba, junto a decenas de personas, en una concentración frente a la comisaría de la Policía Municipal, con el lema “No a la brutalidad policial”. La protesta forma parte de una serie de acciones que diversos colectivos integrados en la plataforma Iruñea Gu Geu! van a impulsar tras las numerosas denuncias de agresión contra este cuerpo policial.
Su objetivo es evidenciar “el hecho de que hay agentes que tienen como norma el empleo de unas formas violentas cada vez que se relacionan con la ciudadanía. La chulería, la prepotencia, el abuso de poder y la violencia física, llegando a veces a la brutalidad, son las formas más alejadas de un modelo de Policía Municipal al servicio de la ciudadanía y de la ciudad”. Para ellos, “el caso de Mª Antonia es el más grave de una serie de actuaciones que se repiten todas las semanas”. La concentración transcurrió en silencio. Sujetando la pancarta estaban representantes de Iruñea Gu Geu!, Miguel Ángel Jiménez y algunas personas pertenecientes a uno de los movimientos que viene denunciando habitualmente las actuaciones municipales, el de okupación.
Precisamente, se ha iniciado ya el juicio oral de dos causas abiertas tras la campaña “Iruñerria piztera goaz!”, desarrollada en los pasados meses con el objetivo de reclamar respeto hacia los gaztetxes [ver DIAGONAL nº 55]. El fiscal ha solicitado para 14 personas penas de entre dos y cuatro años de prisión por ser identificadas, por ejemplo, mientras estaban sentadas frente a la policía en apoyo a dos jóvenes que se habían encadenado a un bidón de hormigón. Además, aún quedan otras 53 personas encausadas en diferentes procesos abiertos tras acciones de la misma campaña que están a la espera de la solicitud de penas para delitos como okupación y resistencia.
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