Fernán Chalmeta
Diagonal

El nuevo protocolo policial que rige las deportaciones de las personas sin papeles ha generado un enorme revuelo. Ha sido elaborado tras la reciente muerte, aún sin aclarar, en un avión, de un repatriado bajo escolta policial. El protocolo, que busca adaptarse a las políticas impulsadas desde la UE, no ha supuesto ninguna variación en las prácticas de repatriaciones españolas.

El 27 de septiembre, la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga (CIM) convocaba una concentración ante la Subdelegación del Gobierno para denunciar el incremento del acoso policial contra los inmigrantes, y protestar contra el nuevo protocolo para las expulsiones de personas indocumentadas. Era un ejemplo del amplio rechazo, petición de inconstitucionalidad incluida, que esta norma- fechada el 20 de julio pasado, pero dada a conocer a finales de agosto- está generando. Han protestado contra ella desde el Defensor del Pueblo andaluz hasta Ecologistas en Acción, pasando por sindicatos como CGT y CNT, organizaciones como IU, SOS Racismo, la Red Estatal de Inmigrantes, o asociaciones de defensa de los derechos humanos como la APDHA y el Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU). Y es que el protocolo, elaborado por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, de Normas de seguridad en las repatriaciones y en el traslado de detenidos por vía aérea y/o marítima, protocolo de actuación es denunciado por violar los derechos humanos y por suponer un serio peligro para la salud de las personas repatriadas.

Según declara Clara Redal, del CEDEHU, “el protocolo afecta a derechos fundamentales y en cambio sale como una norma administrativa, y no como ley. La policía se convierte en legisladora. Nos parece muy grave en ese sentido, tanto por su contenido, como por la propia génesis y la forma de elaborar estas normas”. Y remacha: “En septiembre ha salido un segundo borrador, que no varía sustancialmente del primero; como no es una ley, sino una norma interna, no hay obligación de darlo a conocer, de publicarlo en algún sitio”.

Según Redal, “el texto resalta dos veces que no se deben comprometer las funciones vitales del repatriado. ¿Qué prácticas regula este texto, que ha de explicar que las medidas coercitivas no han de ser mortales?”.

El protocolo, inspirado en anteriores instrucciones para las repatriaciones por avión, abre la puerta a la cooperación con la UE en la organización de vuelos conjuntos y a la presencia de escoltas privados acompañando a la policía, y regula los procesos de repatriación tanto individuales como colectivas. Define los equipos policiales implicados, las funciones y tareas de éstos, las actuaciones necesarias para la preparación y desarrollo de los viajes, y las conductas de los agentes. El texto gira sobre tres ejes. Por un lado, unas genéricas declaraciones de principios a favor del respeto de la dignidad y los derechos de los inmigrantes; por otro, una insistencia en el secretismo, y finalmente, una enumeración de los mecanismos “de contención” y control del repatriado. Éstos no se deben mezclar con el resto de los viajeros (salas especiales, embarque y desembarque antes o después que el resto); están prohibidas las fotografías y el uso de móviles, también para los policías; y las autoridades locales de los países receptores no podrán ver cómo son repatriados sus conciudadanos. Los informes sobre los viajes serán confidenciales. Y los repatriados no sabrán dónde se les lleva.

Camisas de fuerza

Pero sobre todo, amplía el arsenal de instrumentos coercitivos, más allá de los monos, cintas y grilletes metálicos que se usaban antes, incorporando cascos, camisas de fuerza y cintas adhesivas. Y permite la sedación del repatriado, eso sí, bajo control médico. Según denuncia Amnistía Internacional (AI), el texto es “ambiguo en aspectos esenciales y no especifica detalles sobre las circunstancias concretas en las que medios y técnicas de inmovilización pueden ser utilizados”. Además, señala AI, no incluye las recomendaciones del Consejo de Europa que “prohíben el uso de cintas adhesivas o mordazas”. Para la CIM, el protocolo legaliza el uso de la fuerza física, además “todas las normas que se dan para el traslado de inmigrantes son coercitivas: por ejemplo, llevarlos atados durante todo el viaje. O que justo antes de subir al avión deban ser registrados exhaustivamente, cuando ya lo han sido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)”.

Para Redal “hay un preocupante nivel de indeterminación e indefinición, que deja casi todo a la discrecionalidad de la policía. Si se lee con detenimiento, considera a cualquier repatriado, por el hecho de serlo, un elemento potencialmente peligroso. Peligroso es un concepto jurídico absolutamente indeterminado, no definido por ninguna norma legal, lo que provoca una actuación arbitraria del agente de turno. Ninguna ley lo define. Y eso ¿quién lo va a decidir? Todo esto configura una percepción social del emigrante como una persona peligrosa, y contribuye a crear una sociedad del miedo, en la que cualquier tipo de práctica pueda ser justificada. Y eso que el 90% de las deportaciones se hacen sin follón alguno”.

Lo paradójico es que el texto llega cuando los datos oficiales hablan de una drástica reducción de la inmigración indocumentada. Así, en los CIE de Canarias hay un 82% de sin papeles menos que en 2006. Su llegada se ha reducido en un 60% y las llegadas de indocumentados por el Estrecho son las más bajas desde 1999. Sin embargo, las deportaciones se han incrementado significativamente (ver recuadro), por lo que los policías no dan abasto, en ocasiones con turnos de 21 horas consecutivas. Por esa razón, el sindicato policial SUP intentó, el 21 de agosto, que los agentes escolta de un vuelo realizaran una protesta colectiva.

“El detonante de la salida de este protocolo es que mataran al ciudadano nigeriano Osamuya, cuando lo repatriaban. Un juzgado de Alicante abrió diligencias e imputó a los dos policías que lo deportaban”, declara Redal. “Nos consta que los malos tratos durante las repatriaciones son algo sistemático. Ante la posibilidad de que esta impunidad se viera afectada, las cofradías [sindicatos] policiales iniciaron la presión hacia el Ministerio de Interior para que éste avalase estas malas prácticas. Es a raíz de esto que el Gobierno elabora este protocolo”.

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