El artículo que aparece a continuación apareció publicado el 22 de marzo de 2005 en el diario el País, concretamente en su sección OPINIÓN del Lector y estaba firmado por Manuel Avi Martínez. Manuel Avi, es Graduado Social, de los que no miran para otro lado y eso le ha impedido "progresar adecuadamente" tal y como premia este sistema a los que no se salen del carril y dicen lo que piensan y además, dan datos que avalan lo que expresan con tanta contundencia como lo aquí expresado. Cuando leo algo así, no me vale ese tópico que dice que todo son iguales, hay quien es honrado y no acepta las dádivas de los privilegios de clase. Aunque tengo que reconocer que no es lo que más abunda, no nos engañemos.

Manuel Avi Martínez

El día 22 de febrero (por supuesto del año 2005) hemos procedido a denunciar a la magistrada del Juzgado de lo Social número 1 de Jaén, señora Horcas Ballesteros, porque entraba a trabajar a las 10.00 horas de la mañana y, además, en horas de trabajo recibía clases particulares. No tendrían importancia estos hechos si no fuera porque en este Juzgado los despidos procedentes y la denegación por enfermedades graves psíquicas o cáncer, etcétera, con el pan de cada día. Esto ocurre en este Juzgado, y en los cuatro de Jaén, en unos más descarado y en otros más solapado. Existe una predisposición en contra de los trabajadores, y los y las jueces ni son neutrales, ni aparentar serlo, y, además, por si fuera poco, tienen una falta de conocimiento jurídicos a la misma altura que la de respeto humano.

casi todos los jueces de lo Social y de la Sala de lo Social están dictando sentencias políticas contra los trabajadores. Estos señores se ponen su toga negra no para impartir justicia, sino para asustar al público, esperando que todos les digamos "sí, mi amo". Estas señoras y señores que están haciendo política, en lugar de impartir justicia, lo que deberían de haces es presentarse a las elecciones y así castigar a los débiles y premiar a "sus sangre azul" (médicos, catedráticos, arquitectos), y es por ello que cuando estos sangre azul llegan a los juzgados con una fibromialgia, por ejemplo, le es concedida una invalidez absoluta, y cuando tienen la misma enfermedad los trabajadores manuales, no les conceden ni agua. El ministro de Justicia y el fiscal general del Estado deberían saber lo que está ocurriendo aquí, y es por esto por lo que les voy a enviar una seria de sentencias con nombres y apellidos para que luego no digan el socorrido "éramos ignorantes de estos hechos".

A todo esto no son ajenos los medios de comunicación, que se dedican a cuatro cotilleos y reparto de medallas diarias, y no se publica ni se investiga prácticamente nada sobre los siete millones de trabajadores en precario que hay en España.

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