23 personas llevan 4 meses detenidas, en el limbo legal en Mauritania, por autoridades españolas

Las autoridades españolas mantien retenidas en el limbo legal a 23 personas en la ciudad costera de Nuadibú en Mauritania después de que una patrullera de Salvamento Marítimo los rescatase del buque Marine I junto a otros 346 inmigrantes.

No han salido al exterior de la nave en la que se encuentran durante los cuatro meses que dura su cautiverio. A pesar de encontrarse bajo la vigilancia y custodia de polícias españoles no se les está aplicando las garantías básicas que establece la Constitución Española y el Convenio Europeo de derechos humanos.

Tres organizaciones como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y CEAR han decidido emprender acciones de denuncia ante el Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado y no descartan asimismo denuncias ante el Parlamento Europeo y el Comisario Europeo de Derechos Humanos ante las actuaciones del Gobienro de Zapatero.

Denuncian estas tres organizaciones que a estas 23 personas, que se han negado a regresar a su país por fundados temores de riesgo para sus vidas, "se les siguen negando los derechos que recoge nuestra legislación". Dicen que "ninguna autoridad judicial ha controlado el proceso, no han sido informados de los motivos de la detención ni han tenido acceso a asistencia letrada, lo que supone una situación de limbo legal".

“Las tres organizaciones transmitimos al Gobierno español nuestra preocupación por la detención indefinida de estas personas, sin aparente protección jurisdiccional durante más de tres meses. No se sabe en base a qué normativa se les ha internado ni cuáles son las garantías jurídicas con las que cuentan”, explica Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional.

“Desde CEAR hemos interpuesto un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por vulneración de los derechos fundamentales de las 23 personas ya que se encuentran detenidas bajo custodia de las autoridades españolas y sin embargo, no se les está aplicando las garantías básicas que establece la Constitución Española y el Convenio Europeo de derechos humanos”, manifiesta Ignacio Díaz de Aguilar, presidente de CEAR.

Según la evaluación psiquiátrica que ha realizado Médicos del Mundo el periodo de detención les habría ocasionado un daño mental que podría agravarse de prolongarse su detención. De dicho análisis se concluye que, de perdurar la situación actual, podrían aparecer conductas agresivas para el entorno o para sí mismos.“Después de 94 días sin salir al exterior de la nave y bajo una incertidumbre sobre su futuro constante hemos apreciado que estas personas han presentado estados de angustia, depresiones, insomnio y la sensación de no conservar el control de su propia vida”, afirma Pau Pérez, médico-psiquiatra de Médicos del Mundo.

Por otra parte el coordinador de Izquierda Unida, ha acusado acusado al Gobierno español de "lavarse las manos, no querer intervenir y abandonar en un limbo jurídico" a las 23 personas retenidas.

El Gobierno se defiende diciendo que"la responsabilidad directa sobre las ventitrés personas que viajaban en el Marine I corre a cargo de las autoridades mauritanas, dado que son dichas autoridades las que ejercen la custodia en territorio de Mauritania". Asimismo, para el Gobierno, y a pesar de que algunos de los inmigrantes retenidos han puesto de manifiesto el miedo a ser repatriadas a sus países y regiones de origen porque temen por su vida, "no hay en este grupo ninguna persona que requiera de protección internacional", extremo este negado por la CEAR.

A juicio de Llamazares, la respuesta ofrecida por el Gobierno "es preocupante porque no da solución a un problema muy grave, que tiene como víctimas a 23 personas que se encuentran abandonadas por las autoridades españolas desde hace cuatro meses". "No es de recibo que las autoridades españolas rescaten a estas personas y luego los dejen abandonados a su suerte en un tercer país en el que no se les aplique la legislación española".

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