Una de cada cinco mujeres en el mundo sufre una violación o un intento de violación al menos una vez en la vida, la mayor parte de las veces por parte de un familiar o un conocido, pero otras tantas a manos de extraños y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, militares o policías.

Cuando los agresores son miembros del Estado, la situación es doblemente preocupante porque aumenta la impunidad, falla la justicia y no se reparan los daños sufridos por la víctima, según el informe 'Ni abusos de poder, ni impunidad', presentado hoy por la responsable de campañas e investigación de Amnistía Internacional España (AI), Eva Suárez-Llanos.

De acuerdo con este informe, las agresiones sexuales se producen en las zonas de conflicto armado, donde se utilizan como 'un arma de guerra para humillar, castigar, infundir temor o provocar desplazamientos de la población', pero también ocurren en países que no están en guerra, sobre todo en comisarías, prisiones o centros de inmigración u otras instituciones del Estado.

Además, este tipo de abusos se dan en todos los países del planeta, incluido España y Europa, donde las víctimas son sobre todo inmigrantes indocumentadas que no pueden o no quieren denunciar estas agresiones, explicó Suárez-Llanos.

Según esta responsable de AI, cuando un funcionario de prisiones agrede sexualmente de una presa, un soldado viola a una mujer en un conflicto o un policía efectúa un registro sin ropa a una detenida, es caso es doblemente flagrante porque 'el Estado está incumpliendo normas del derecho internacional, que obligan a los gobiernos a respetar y proteger los derechos humanos de las mujeres'.

Entre los países analizados en el informe figura México, donde las mujeres sufren índices elevadísimos de discriminación y violencia, especialmente las indígenas, precisó Suárez-Llanos, quien hizo un llamamiento al nuevo Gobierno mexicano para que persiga estos abusos cometidos por policías y militares, los juzgue y asegure a las víctimas una atención médica eficiente.

El informe recoge casos concretos como el de Inés, una indígena violada el 22 de marzo de 2002 por unos soldados, o el de Valentina, de 17 años, que fue agredida por varios encapuchados, miembros de grupos armados de oposición, y que cinco años después de denunciarlo aún espera que se haga justicia.

Para este país, AI acaba de solicitar una 'Acción Urgente' para reclamar justicia por el caso de Ernestina Ascensio, una indígena de 72 años que fue violada y torturada colectivamente por varios soldados del 63 batallón de infantería del ejército el pasado 25 de febrero y que falleció días después por los graves daños internos sufridos en la agresión.

En la República Democrática del Congo, se estima que decenas de miles de mujeres han sido violadas por las fuerzas combatientes desde que comenzó el conflicto en agosto de 1998.

También en Colombia, los paramilitares respaldados por el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado han utilizado la violación y la tortura contra las mujeres para generar miedo y silenciar los derechos humanos, explicó Laura Inés Badillo, delegada internacional para Europa de la Ruta Pacífica de Mujeres.

Esta ONG nació de la unión de varias asociaciones de mujeres que salieron a la calle para denunciar que el 95 por ciento de las mujeres de un municipio rural colombiano había sido violadas.

El informe de AI añade que, en Nigeria, por ejemplo, las violaciones por parte de policías son un hecho 'endémico', y que sólo en Sudán, se calcula que en cinco semanas, se registraron más de 200 violaciones en el campo de refugiados de Darfur.

Para luchar contra esta impunidad, AI ha lanzado la campaña 'No más violencia contra las mujeres' en la que insta a los Estados a cumplir los protocolos internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas que recomiendan defender los derechos humanos de las mujeres, y a poner en marcha mecanismos de ayuda a las víctimas y programas de formación para los miembros de seguridad del Estado.

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